Bajo el argumento que en los hechos sangrientos de Sacaba y Senkata hubo una masacre, en noviembre de 2019, luego de la caída del gobierno del largo periodo de gobierno de Evo Morales Ayma, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a través de su aplastante dos tercios que posee el Movimiento Al Socialismo (MAS), determinó en el epílogo de la jornada de este jueves, sugerir a la próxima legislatura juicio de responsabilidades para la presidenta Jeanine Añez y sus 11 ministros de su primer gabinete.
La determinación de la ALP tiene que ver con la aprobación del informe de la Comisión Especial Mixta que investigó el caso Sacaba-Senkata y recomendó un juicio de responsabilidades contra la actual administración transitoria de Añez, bajo el delito de genocidio. Sin embargo, el pedido de la actual legislatura saliente debe ser resuelto con la nueva composición de la Asamblea Legislativa, donde el MAS no cuenta con los dos tercios.
Los procesos penales involucran a 11 ministros y exministros por la vulneración de derechos y garantías constitucionales, que derivó en la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en las represiones policiales y militares, en medio de conflictos tras las elecciones de octubre de 2019, con indicios de fraude y que luego fueron anuladas.
La presidenta del Senado Eva Copa al término de la sesión informó que se ha recomendado un juicio contra la presidente Añez y para el efecto los informes serán remitidos a la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía General del Estado.
Por su parte el diputado Victor Borda, en contacto con El Espectador explicó que se trata de una sugerencia para el nuevo periodo legislativo, cuyos miembros fueron ungidos vía voto de las elecciones generales del pasado 18 de octubre. “El pleno de la Asamblea ha resuelto sugerir se haga un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria, contra el Ministro de Gobierno y Ministro de Defensa y algunos comandantes policiales y militares que intervinieron en esta masacrel”, argumentó.
Borda, en contacto con los medios en La Paz, también informó que dicho informe de la Comisión aprobado por la ALP debe ser remitido a la Fiscalía General del Estado en un plazo de 24 horas con todo el cuaderno de investigaciones, las diligencias y declaraciones realizadas para que sean analizadas y determine admitir o rechazar esta sugerencia.
“De los conflictos se tiene que lamentar el asesinato de dos ciudadanos en el barrio Guadalupe de Cofadena del municipio de Montero; un muerto en el municipio de Betanzos, Potosí; tres fallecidos en la zona de Pedregal de la ciudad de La Paz, diez fallecidos en el puente Huayllani, Sacaba; y diez fallecidos en la planta de Senkata”, señala parte del informe.
Amilcar Barral, diputado de la oposición al MAS, en contacto con los medios televisivos lamentó que la ALP haya determinado una medida así, al cual calificó de totalmente política y una antesala de lo que será el gobierno Luis Arce Catacora. “Es una determinación de la Asamblea Legislativa, totalmente política, no condice con un gobierno democrático”, señaló.
Sin embargo, en las afueras de la Asamblea Legislativa, los familiares de las víctimas de las muertes en Senkata y Sacaba hicieron una vigilia exigiendo justicia. “Es muy doloroso estar todos los días buscando justicia. Ya va a ser un año de aquel 19 de noviembre donde nuestros hermanos y familiares fueron masacrados. Por eso pedimos juicio de responsabilidades”, señaló de los familiares en contacto con una red de televisión.
Según la agencia ANF, señala en su informe que el documento de 120 hojas hace un repaso de los violentos hechos registrados en el país, luego de las elecciones irregulares en el país que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, con fuertes señalamientos de fraude electoral.
La Comisión recomienda un juicio de responsabilidades contra Añez por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
También se sugiere juicio ordinario contra Karen Longaric (Canciller), Jerjes Justiniano (exministro de la Presidencia), Arturo Murillo (Ministro de Gobierno), Fernando López (Ministro de Defensa), José Luis Parada (exministro de Economía), Álvaro Guzmán (ministro de Energía), Yerko Núñez (Ministro de la Presidencia), Álvaro Coímbra (Ministro de Justicia), María Elva Pinckert (Ministra de Medio Ambiente y Agua), Mauricio Ordoñez (exministro de Desarrollo Rural y Tierras) y Roxana Lizárraga (exministra de Comunicación).
Asimismo, en el informe se pide juicio ordinario contra el excomandante departamental de la Policía en Cochabamba, Jaime Zurita; al comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuellar; al exdirector de la FELCC, Iván Rojas; al comandante de Acción Conjunta, Franco Zuares.
Además de un juicio ordinario al excomandante en jefe de las FFAA, Williams Kaliman, por haber autorizado la salida de los militares durante los conflictos sociales registrados en Ovejuyo y Betanzos; al comandante general de la Policía, Rodolfo Montero y al actual comandante de las FFAA, Sergio Orellana.
Los parlamentarios del MAS, según ANF, también sugirieron la destitución de la fiscal Departamental de Potosí, Roxana Choque, por no dar celeridad a las investigaciones de los hechos de Betanzos y pidieron al Tribunal Supremo de Justicia revisar los plazos de las medidas cautelares de aquellas personas implicadas en hechos irregulares, toda vez que transcurrió más de un año y las personas continúan con detención preventiva y domiciliaria.
