Según la Fundación Tierra, institución no gubernamental que trabaja en el país desde hace más de tres décadas, señala que el tráfico de tierras se intensificó desde el año 2011. Con ello hace entrever que la reciente destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) Edwin Characayo, descubierto cobrando un soborno de 20 mil dólares para titular el predio “El Triunfo II”, forma parte de toda una larga travesía de actos y prácticas ilegales durante el largo periodo del gobierno de Evo Morales.
En una carta abierta al país hecho público vía redes sociales, Fundación Tierra, argumenta que el consorcio llamado ‘INRA paralelo’, conformado por exfuncionarios y funcionarios públicos, se dedicó a falsificar expedientes agrarios y “blanquear” antecedentes jurídicos para entregar tierras de los bolivianos (tierras fiscales) al mejor postor. “En lugar de encarcelar a este grupo delincuencial, los denunciantes, entre ellos Juan Carlos Rojas y Alejandro Almaraz, fueron alejados de sus cargos públicos”.
Asimismo, refiere que el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, entre las gestiones 2014-2019, firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz. “Pero, en lugar de transparentar este proceso, el INRA ocultó sistemáticamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, dónde están estas tierras y qué extensiones tienen. En los hechos, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales”.
Fernando Rojas, presidente de la Central de Pueblos Indígenas de San Ignacio de Velasco, en contacto con El Espectador dio cuenta que es evidente que a lo largo de todos estos años el gobierno de Evo Morales, ha llevado adelante dotación de tierras fiscales, las mismas con el paso del tiempo se han convertido en tierras fantasmas, donde gran parte de esos asentamientos lo único que lograron fue talar, incendiar los bosques y abandonarles a expensas de traficante de tierras.
“Con Characayo ya nos estaban diciendo que estos días que ni milímetro de tierra para nosotros los chiquitanos iban a ser saneadas a favor de las comunidades indígenas. En San Ignacio de Velasco, el gobierno de Evo Morales ha asentados más de 280 comunidades interculturales y nosotros que somos la mitad (125) nos han ignorado en el ámbito de los nuevos requerimientos de dotación, nunca nos ha atendido”, precisó Rojas.
La situación no solo es atribuible al largo periodo de gobierno de Morales. Fundación Tierra refiere al respecto que durante el gobierno de Jeanine Áñez, se entregó más de 34 mil hectáreas a la familia de su ministro de economía, Branko Marinkovic, en un proceso agrario llevado a cabo en tiempo record, vulnerando el debido proceso técnico y jurídico. Sobre este caso, Fundación TIERRA entregó información documentada al gobierno de Luis Arce y a los parlamentarios oficialistas y opositores. “Hasta el momento, las autoridades mantienen una actitud pasiva al respecto, incumpliendo así sus funciones de hacer cumplir la ley”, enfatiza.
Tierra, no se queda en la denuncia, dado que el tráfico de tierras es uno de los peores fenómenos de corrupción en Bolivia. Por eso sugiere que se tomen al menos cuatro medidas urgentes y de fondo referidos a una intervención inmediata del INRA para iniciar una auditoría de alto nivel de todos los casos con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente en el departamento de Santa Cruz.
También pide proceder al desalojo de los ocupantes ilegales de tierras fiscales en todos los casos donde existan Resoluciones de Desalojo que obligan a las autoridades del gobierno nacional a usar incluso la fuerza pública para proteger las tierras que pertenecen a todos los bolivianos.
Como tercera propuesta pide paralizar todos los trámites de autorización de asentamientos del INRA y los procesos de saneamiento con antecedentes de tráfico de tierras, especialmente las grandes propiedades que superan el límite constitucional de cinco mil hectáreas.
En la perspectiva institucional de la máxima instancia de control, administración y seguimiento de la política de Estado sobre dicha problemática, Fundación Tierra, hace un llamado público a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que nombren un Director Nacional Titular del INRA, en cumplimiento de la ley de tierras que señala que el Presidente debe nombrar al Director a partir de una terna de postulantes seleccionados por la Cámara de Diputados (Ley 3545, artículo 20).
Dicho mandato legal, a lo largo de los últimos 15 años de gestión de gobierno, ha sido completamente ignorado, cuyo cargo ha sido manipulado con fines políticos y ocupado por allegados al gobierno de turno, con una larga travesía de interinatos.
La lógica dice que la institucionalización es el camino de la transparencia y el manejo técnico de la cosa pública, refiere Álvaro La Torre, abogado especialista en casos de tierra. El experto menciona que, paradójicamente en un largo periodo de gobierno elegido por voto popular, primaron interinatos no solo en el INRA sino en diferentes instancias estratégicas del Estado.
“Los interinatos son paliativos a una crisis institucional pero no debe ser la regla. En el caso del INRA, el que entra tenía que hacer sus acciones de acuerdo a quien lo puso. Lamentablemente, la situación y la administración legal del tema tierras ha sido clientelar, con un grosero manejo discrecional donde todo se ha hecho clientelar. Eso debe cambiar de raíz”, precisó.
