La legalización inherente al saneamiento y titulación de tierras en Bolivia sigue estancada en un 87%. Eulogio Núñez Aramayo, director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), lo confirmó en el conversatorio “Tierra y territorio, disputa inconclusa”, realizado en la ciudad de La Paz, al mencionar que al momento se “tiene un avance del 87%”, lo que significa que se tiene regularizadas solo 92,2 millones de hectáreas de las 106 millones hectáreas existentes en todo el país.
Si bien el proceso, iniciado en 1996 y llevado a cabo por el INRA, ha concluido en octubre de 2017, el mismo solo había alcanzado una regularización del 83%, del total de 106 millones de hectáreas sujetas a saneamiento y titulación en el país. Los restantes 17% de tierras que todavía no habían culminado su proceso, durante los últimos cuatro años, apenas ha tenido un avance de cuatro puntos porcentuales.
Sin embargo, en 2019, el INRA había dado cuenta que hasta diciembre de ese año se había avanzado un 3% con relación al total de tierras tituladas, lo que significa que, durante el gobierno de Jeanine Añez, pese a implementar una política de entrega inmediata títulos agrarios, correctamente legalizados, el mismo tuvo un avance apenas de un punto porcentual.
Al respecto, la Fundación Tierra, hizo pública su denuncia en sentido que la titulación de tierras en el gobierno de Añez, se tradujo en la entrega de títulos a grandes terratenientes y empresarios del país. Ese fue el caso de los predios de Laguna Corazón, cuya propiedad ha sido ilegalmente adjudicada en el pasado a la familia de Branco Marinkovic y legalizada en ese periplo del corto del gobierno de transición, donde éste fungía como ministro de Economía y Finanzas.
Al tener solo el 87% de tierras adecuadamente tituladas y saneadas, actualmente se tiene pendientes del proceso de su legalización, al menos 13,3 millones de hectáreas en el país, lo que equivale al 13% del total. Esa brecha sigue siendo motivo de encarnizada polémica y discusión en un contexto donde las disputas por tierra, con acciones como el avasallamiento de predios, la ocupación constante de áreas fiscales y la presencia de traficantes de tierra, no cesan en zonas como el departamento de Santa Cruz.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a través de su presidente Oscar Mario Justiniano, participó que fue parte del conversatorio “Tierra y territorio, disputa inconclusa”, expuso la visión productiva del sector agropecuario basada en la conclusión del proceso de saneamiento, y planteó la problemática de la inseguridad jurídica y la incertidumbre permanente a la que se enfrentan los productores pequeños, medianos, grandes y campesinos.
“Desde todos los niveles de gobierno se deberían crear alianzas público-privada-comunitaria que tengan como objetivo el consignar la producción como prioridad nacional ya que existen potencialidades en las comunidades campesinas y los pequeños, medianos y grandes productores pueden mejorar sus condiciones de vida y la de todos los bolivianos”, manifestó Justiniano en su intervención.
Del panel de expositores del conversatorio también participaron el representante del Movimiento Sin tierra (MST), Silvestre Saisari; el investigador Diego Pacheco; y el director INRA. Núñez Aramayo, ante ese panorama anticipó y comprometió la culminación del proceso de saneamiento pendiente en los próximos 3 años.
A su turno los expositores coincidieron en que el proceso de saneamiento no es la solución definitiva a la problemática de la tierra, los avasallamientos y las disputas permanentes. En esa dimensión prevén que existen otros factores que deben ser trabajados como la planificación territorial, el plan de uso de suelo para todos los departamentos, entre otros.
El conversatorio fue organizado de manera conjunta por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Bolivia (FES Bolivia) con el objetivo de alentar la generación de espacios deliberativos en democracia.
